Primero identifique la resolución, su notificación y el motivo de la multa. Según el acto, puede proceder un recurso de revocación ante la autoridad fiscal o un juicio de nulidad ante el TFJA, generalmente con un plazo de 30 días hábiles y reglas específicas de cómputo. Elegir la vía requiere revisar el expediente; una aclaración informal no sustituye una defensa presentada en tiempo.
El recurso de revocación permite controvertir determinados actos fiscales federales ante la autoridad administrativa. Su plazo general es de 30 días hábiles desde los efectos de la notificación, y el Código Fiscal prevé su presentación por Buzón Tributario con requisitos de identificación, agravios y pruebas. Antes de enviarlo, hay que comprobar la procedencia, representación y documentación del caso.
Identifique la modalidad de revisión, conserve la orden y las notificaciones, y coordine una respuesta documentada entre contabilidad y defensa jurídica. En visita domiciliaria, revisión de gabinete o electrónica existen reglas y derechos específicos; cuando proceda, puede analizarse un acuerdo conclusivo ante PRODECON. No altere registros ni suponga que una conversación informal suspende los plazos.
Tiene derecho a conocer el motivo de la detención, a una defensa adecuada, a comunicarse con su defensor y un familiar y, como persona imputada, a guardar silencio sin que se use en su perjuicio. Debe recibir trato digno y no ser sometido a coacción o tortura. La situación concreta debe revisarse de inmediato para distinguir una detención penal de otros procedimientos.
El amparo es un juicio constitucional para proteger derechos frente a normas, actos u omisiones en los supuestos de la ley. La vía directa o indirecta depende de la naturaleza del acto, y el plazo general es de 15 días hábiles con excepciones expresas. La suspensión puede proteger la materia del juicio, pero no significa ganar el caso ni procede automáticamente.
La reforma de 2023 cambió el régimen de nuevas concesiones y prevé concursos públicos a cargo de la Secretaría de Economía en los supuestos de la Ley de Minería. Antes de invertir, hay que distinguir un nuevo concurso de un título existente, revisar bases y elegibilidad y separar derechos mineros, superficie y permisos. No existe una solicitud genérica que asegure una concesión o autorización para operar.
Primero identifique el régimen del terreno y quién puede decidir válidamente sobre su uso. Los acuerdos sobre tierras de uso común requieren la intervención de la asamblea en los términos de la Ley Agraria, y el contrato debe describir superficie, actividades, duración y responsabilidades. Un convenio privado no sustituye la consulta indígena cuando legalmente corresponda ni los permisos del proyecto.
Distinga si el incumplimiento deriva de un contrato, de los estatutos o de una decisión de la sociedad. Reúna acuerdos, actas y pruebas antes de reclamar, y valore negociación, mediación o la vía judicial que corresponda. No retire bienes ni excluya a un socio por cuenta propia: una diferencia no produce automáticamente su salida o la disolución de la empresa.
La planeación fiscal lícita revisa el régimen aplicable, las deducciones autorizadas y la documentación de operaciones reales. No consiste en comprar facturas, simular negocios ni garantizar que una empresa pagará menos sin estudiar sus datos. También deben valorarse reglas de razón de negocios, esquemas reportables y riesgos relacionados con operaciones presuntamente inexistentes.
Compare formación verificable, experiencia pertinente, claridad de la estrategia y alcance del servicio, sin basarse sólo en promesas o precio. El asesor debe pedir documentos, distinguir cumplimiento de defensa y explicar plazos y riesgos. Una buena primera consulta permite evaluar si comprende el problema de su empresa, sin desacreditar competidores ni garantizar resultados.